Ya tocaba hablar de los
funcionarios, nunca mejor que ahora tras oír el comentario del
actual Secretario de Estado de Administraciones Públicas en
el que expresaba que deben “olvidarse del cafelito y de leer el
periódico”, añadir que posteriormente rectificó por escrito
indicando que sus palabras se habían “descontextualizado”.
Pero lejos de estas
desafortunadas declaraciones me gustaría ir al fondo de la
cuestión, vaya por delante que soy parte, soy empleado público;
también me gustaría puntualizar que no soy amigo del borreguil
corporativismo; quiero decir con ello que suscribo este texto porque
me doy por ofendido y, por tanto, por aludido.
Los funcionarios
tenemos ya colgado el sambenito, muchos lo asumimos como algo que
viene dado, somos la infantería de la administración y estamos en
primera línea del frente y por tanto expuestos al fuego cruzado.
Evidentemente que nuestra situación tiene sus ventajas pero también
sus inconvenientes, no es de recibo obviar la parte que más convenga
a cada cual; una de las ventajas sustanciales es gozar de cierta
protección y derechos añadidos proveniente del principio de
legalidad, esa es precisamente la garantía de independencia en el
desempeño de nuestras funciones.
Toda generalización
es injusta, son empleados públicos el personal sanitario y
educativo, por ejemplo, y como en todo colectivo habrá un pequeño
porcentaje que no actúa como debiera, pero nadie con un mínimo
de raciocinio se atrevería a decir que todos los médicos o
profesores son unos malos empleados públicos. Por otra parte,
cierto grupo de funcionarios tienen una peor imagen pública, es
consustancial a su nivel de responsabilidad y a su poder coercitivo o
recaudador.
Cada trabajador
como persona es único, con sus virtudes y defectos, con
diferentes grados de implicación y de responsabilidad; no obstante
la gran mayoría cumple con las directrices y normativas dadas, dicho
sea de paso, es misión de los responsables ejecutivos y legislativos
velar por el cumplimiento y desarrollo de sus acciones, y de igual
modo sancionar lo sancionable.
Flaco favor se hace
desde las autoridades públicas a la imagen y buen funcionamiento de
la administración con declaraciones como estas. Ahora que muchos
compañeros sufren recortes, EREs y despidos se me ocurre pensar
en otra realidad, cómo estarían ahora si se hubiera contado con
ellos para la buena marcha de sus instituciones, estos compañeros
contemplan impotentes como parte de su labor ha caído en saco roto.
En la mayoría de los casos los trabajadores públicos somos inútiles
peones, formamos siempre parte del problema y nunca de la solución,
olvidando que por trayectoria y conocimiento tenemos una experiencia
acumulada de incalculable valía.
El principal
problema de la Administración es político y de gestión,
estructuras obsoletas, complejidad burocrática, conflicto de
competencias, indefinición de objetivos, … Los criterios de
eficacia y eficiencia no se consiguen ampliando la jornada laboral,
la productividad es un concepto más complejo, ya no valen medidas de
cara a la galería y a la buena imagen, sobre todo recayendo la
sospecha y la culpa sobre los trabajadores públicos. Indudablemente
que habrá instituciones y trabajadores en los que “el cafelito y
la prensa” sea un diario, pero eso no es flor de un día, es una
situación consentida y sobre la que se ha apartado la mirada durante
años, en la época de las vacas gordas, esa era la realidad que
muchos conocíamos pero que otros “ignoraban”; ahora toca
“poner el cascabel al gato”, aunque ya sabemos que “gato con
guantes no caza ratones”.
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